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A pesar de la retórica alarmista, la okupación se ralentiza por primera vez en siete años

La discusión alarmista en torno a la ocupación ilegal está desacreditada por las estadísticas criminales más recientes. Según las cifras elaboradas por el Sistema Estadístico de Criminalidad, dependiente del Ministerio del Interior y que recoge información de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y ayuntamientos, el número de infracciones penales de este tipo registradas en España en 2022 fue de 16.726, lo que supone un descenso del 3,2% respecto al año anterior, cuando la cifra se disparó hasta los 17.274, un máximo histórico.

Esta cifra supone el primer descenso de un fenómeno que ha aumentado de forma constante y espectacular bajo distintos gobiernos de signo desde 2016, cuando se registraron 9.918 casos. Estas cifras incluyen tanto los casos de usurpación que se trata de irrumpir en pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión, que son la gran mayoría, como allanamiento de morada cuando okupan la casa habitual o segunda residencia de particulares, que suponen cifras residuales. Se puede imponer un máximo de seis meses de cárcel por la primera ofensa. El segundo delito se castiga con hasta dos años de cárcel.

La ralentización generalizada del número de asuntos ya había sido anticipada por la Fiscalía General del Estado en su último informe anual relativa a 2021. Entonces, la Fiscalía ya destacaba que los casos de usurpación incoados este año (9.739) confirmaban la tendencia a la estabilización iniciada en 2020 y subrayaba que en el periodo analizado sólo se habían incoado nueve casos más que en el año anterior. En cuanto a los allanamientos de morada, la modalidad de okupación más mediática y, por tanto, más preocupante, las cifras de la Fiscalía reflejan su carácter excepcional. En 2021, hubo 83 acusaciones por este delito.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa de que en 2021 hubo 230 condenas por allanamiento de morada en España, esta cifra incluye todas las modalidades de este delito, no solo la okupación, una cifra sensiblemente inferior al pico de 2016, cuando hubo 357 casos. Tendencias similares se observan en las de usurpación, cuyas estadísticas muestran que concentran la mayor parte del problema: en 2021 hubo 4.302 condenas, cifra muy superior a las 1.669 de 2013 pero aún notablemente por debajo de las 6.757 de 2017.

Según los datos accesibles, se ha producido una disminución en 12 comunidades, incluidas tres de las cuatro más afectadas, que concentran el 78% del total de denuncias. Lidera Cataluña, donde con diferencia se presentan más denuncias, la cifra bajó de 7.345 en 2021 a 7.005 el año pasado (un 4,7% menos); en Andalucía, de 2.557 a 2.502 (un 2,2% menos) y en Madrid, de 1.660 a 1.501 (casi un 10% menos). La Comunidad Valenciana es la única con más de 1.000 denuncias al año, donde las cifras han pasado de 1.779 a 2.024 (un aumento del 13,7%) en el último año.

Antonia Linde, directora del programa de criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y uno de los mayores expertos en tendencias mundiales delictivas, califica de anecdótico el descenso de casos en 2022 que muestran actualmente las estadísticas de Interior y dice que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla en los próximos años. Sin embargo, Linde señala que éste puede ser el primer síntoma del estancamiento de un fenómeno que hasta ahora no ha dejado de crecer. Sobre todo teniendo en cuenta que el aumento había sido cercano al 17% entre 2020 y 2021.

Según Linde, las razones de esta ralentización pueden ser varias, y cita entre ellas las medidas sociales adoptadas por algunos ayuntamientos para combatir la okupación, o el efecto disuasorio del anuncio por parte del Gobierno, de medidas legales para agilizar los trámites de desalojamiento de estos inmuebles y hacer frente a los grupos de delincuencia organizada que encontraban en esta actividad un lucrativo negocio, como demuestra la investigación del "caso Squatter" tras la liquidación de una de estas mafias en Barcelona.

Incide en este sentido y Carlos Morales, vocero del Sindicato Unificado de Policía (SUP), y apunta a otra medida como posible explicación de esta reducción una circular emitida en septiembre de 2020 por Dolores Delgado, la entonces fiscal general del Estado, en la que instaba a los fiscales a actuar con la máxima celeridad contra la okupación ilegal mientras el asunto se dirimía en los tribunales. 

"El Ministerio del Interior se vio impulsado por esta acción a crear poco después un protocolo de actuación policial, en el que se aclaraba qué debían hacer los agentes ante este delito, como venimos solicitando desde hace mucho tiempo." 

Otras fuentes policiales añaden que también han influido las tomas policiales más recientes contra grupos organizados que realizan estas invasiones con la intención de alquilar posteriormente la propiedad a terceros o incluso regentar los llamados narcopisos o prostíbulos.

Según Antonia Linde, el mejor remedio legal para abordar este tema es la "velocidad judicial", y considera que otras ideas planteadas en los últimos meses por algunos partidos son ineficaces. Menciona en concreto uno que fue apoyado por PP, Vox y Ciudadanos y que fue rechazado por el Congreso en octubre del año pasado. Se propuso una serie de cambios legislativos para endurecer las penas para los ocupantes ilegales. La experta, que también es miembro del European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, un grupo especializado en analizar datos sobre delincuencia, destaca que los estudios han demostrado que el populismo punitivo, anunciar penas más duras, al que suelen recurrir los políticos, no funciona para éste u otros delitos.

Linde considera que la ciudadanía se siente inquieta por el fenómeno, que es de gran preocupación social, y cree que otras medidas, como el teléfono de denuncia de okupaciones, puesto en marcha por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado verano, tampoco sean efectivas. Una iniciativa de esta naturaleza no está operativa, en opinión de la experta: “No habría hecho la llamada si me hubiera pasado a mí. Yo lo habría denunciado a la policía.” Las 1.163 llamadas que recibió este teléfono en sus primeros seis meses de funcionamiento, 42 de las cuales procedían de fuera de la Comunidad de Madrid, confirman esta impresión. De ellas, sólo el 6% fueron derivadas a la policía.